No al veto, no al requerimiento ante el Tribunal Constitucional

Hace 31 años que el Estado de Chile se comprometió a reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes y a configurar un sistema institucional de protección integral de los mismos, que transformara todo lo existente en relación a la protección de la niñez. Sin embargo, recién desde el año 2015 se ha venido discutiendo intensamente una Ley de Garantías y de Protección Integral, ley fundamental para poder avanzar en dicho compromiso.

Es necesario señalar que esta iniciativa legal fue ya aprobada en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, encontrándose en manos del Presidente de la República, desde el 25 de junio pasado. Es así como, estando a punto de su trámite final, el Gobierno sorprende manifestando la posibilidad de vetar algunos contenidos, mientras, en paralelo, un grupo de parlamentarios oficialistas han ingresado un requerimiento al Tribunal Constitucional, buscando que dicha institución cuestione artículos ya aprobados.

La opinión pública debe saber que esos contenidos que se buscan vetar o cuestionar, fueron profunda y ampliamente discutidos y también consultados a distintos especialistas y organizaciones en estos 6 años de tramitación y debe saber también, que contó con la activa participación de la Ministra de Desarrollo Social actual, del Ministro de la SEGPRES y de la Subsecretaria de la Niñez quienes construyeron el acuerdo sobre estos temas con la UNICEF, con la Defensoría de la Niñez y con la Asociación de Magistrados. Esos acuerdos, han contado también con una amplio apoyo de parte de las organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que trabajamos en infancia.

Es impresentable que se desconozcan los acuerdos alcanzados por las y los parlamentarios de todos los partidos, respecto de los derechos de la niñez y la adolescencia. El veto presidencial y un posible cuestionamiento en el Tribunal Constitucional, afectará gravemente la posibilidad de generar políticas y mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, posponiendo una vez más las garantías de su bienestar y de sus derechos.
Julio, 2021