Hacinados en cités, casonas, galpones y campamentos, los migrantes han debido soportar condiciones infrahumanas de habitabilidad, buscar estrategias de sobrevivencia y lidiar con todo tipo de especuladores que les arriendan bodegas, corredores y hasta pequeños espacios debajo de las escaleras. Sólo en la comuna de Santiago, al menos 6 mil extranjeros serían víctimas de “subarriendos abusivos”. Una práctica extendida transversalmente que refleja el rostro deshumanizado de la sociedad chilena.
Era tanto el frío que prefirió dormir con ropa. Todavía no se acostumbraba al invierno. Menos a la húmeda habitación que compartía con un amigo. Aún somnoliento, creyó escuchar una explosión. Cuando su compañero de pieza lo despertó, entendió que la pesadilla era real. Un estallido acababa de romper los vidrios de la pieza. La habitación se estaba incendiando.
Kesnel Toussaint llegó a Chile el 4 de mayo de 2017, proveniente de Anse-à-Pitre, un pueblo haitiano de 30 mil habitantes ubicado en la frontera sur con República Dominicana. Primero llegó a vivir a una pieza en la comuna de San Miguel y un mes más tarde se mudó a una vieja casona ubicada en Cienfuegos 237, junto a un amigo de infancia. Él fue quien le salvó la vida la madrugada del 18 de mayo de este año. “Me empujó, estábamos durmiendo juntos en una cama pequeña. Había humo, corrimos a la puerta y salimos. No alcancé a sacar nada”, recuerda.
El incendio había comenzado en la pieza de Kesnel, aparentemente por una falla eléctrica. Los gritos alertaron a los demás moradores que vivían repartidos en alrededor de 42 habitaciones. Más de 100 personas. El 90% haitianos.
Según el mapa de la migración en Santiago, realizado por la consultora Atisba a partir de datos proporcionados por el censo 2017, la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de migrantes con 80.094 personas, equivalente al 25,6% de los extranjeros reportados en la región. Los niveles de hacinamiento, a partir de los datos de la última Casen en la Región Metropolitana, alcanzan un 28% en población migrante, concentrándose en las comunas de Quilicura, Renca y Santiago. Una bomba de tiempo que estalló con la primera chispa surgida en la pieza del joven haitiano de 26 años.
Sin luz en los pasillos, la evacuación fue caótica. El incendió se propagó tan rápido que algunos inquilinos del tercer piso no pudieron bajar y comenzaron a lanzar colchones desde las ventanas y a amarrar sábanas para deslizarse hacia la calle. Una mujer descolgó a su pequeño hijo y luego se lanzó por la ventana. Otra perdió a su bebé luego de tirarse desde el tercer piso. Estaba embarazada. Varios terminaron con múltiples fracturas y uno de los habitantes murió.
Esa noche, estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que estaba en toma, albergaron a gran parte de los damnificados. Al otro día las redes asistenciales de vecinos y diversas organizaciones promigrantes comenzaron a buscar arriendos en el sector. “La escasez de habitaciones hizo que empezaron a subir de inmediato. Encontramos piezas pequeñas por 250 mil pesos. La especulación fue tremenda”, recuerda Valeska Aguilar, vecina de la vivienda afectada.
Los más desprotegidos tuvieron que regresar a la casona siniestrada. El abogado del dueño de la propiedad dijo en los noticiarios que se trataba de una toma, lo que fue desmentido por los migrantes con los comprobantes de pago. Cada piso, asegura Kesnel, era administrado por un delegado, el mismo a quien pagaba sagradamente 150 mil pesos mensuales por una pieza humedecida por la filtración de un baño. Una práctica que a falta de regulación jurídica se ha denominado simplemente “subarriendo abusivo”. Al menos 6 mil personas, según un catastro de la municipalidad de Santiago, viven bajo esta modalidad, repartidas en alrededor de 100 inmuebles. El déficit habitacional en la comuna alcanzaría las 14.405 viviendas.
Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, asegura que el subarriendo es una figura que ha aumentado sin ningún tipo de regulación. “La política de vivienda se vincula a las exigencias en cuanto a propietario, no en la forma en que ocupan y hacen uso de ese espacio. El proceso migratorio exige que los municipios interpelen a las políticas habitacionales para que exista una responsabilidad social respecto a la mantención del inmueble. El país no se está haciendo cargo de estas prácticas abusivas”, sostiene.
La municipalidad de Santiago reconoce el problema. Pero si no hay denuncia, no hay intervención. Y como la responsabilidad en este caso recae en un privado, es poco el margen de acción que les queda. La única política que ha funcionado hasta ahora es la de hechos consumados. Y, paradójicamente, son los propios incendios los que gatillan una intervención. El pasado 6 de junio un decreto de inhabitabilidad del inmueble permitió el desalojo de los últimos moradores de la propiedad ubicada en la calle Cienfuegos. Algunos se fueron a vivir a una casona en la calle Almirante Latorre. Otros se repartieron en comunas aledañas como Conchalí y Recoleta. La mayoría, sin embargo, optó por una nueva modalidad de habitabilidad colectiva: los galpones.
A escasas cuadras de su antiguo hogar, un viejo taller mecánico fue adaptado para recibir a los damnificados. Un lugar inhóspito, sin luz natural y piso de cemento, donde han construido pequeñas piezas con el mes de garantía que les pasó el dueño de la propiedad incendiada. Pagan hasta 180 mil pesos mensuales y ellos mismos se han encargado de edificar los baños. Las piezas ni siquiera tienen techo, sólo un cielo de material ligero para resguardar la intimidad. Quienes conocen el lugar describen los habitáculos como “pequeños cubos con tapas”.
Kesnel finalmente encontró una habitación en las inmediaciones del metro Toesca. Una casona similar a la de Cienfuegos. Todavía tiene problemas para conciliar el sueño en las frías noches de invierno.
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Fuente: El Desconcierto
