Dos expertos de Educación 2020 y el Observatorio Chileno de Políticas Educacionales (Opech) se refirieron a la iniciativa que el mandatario presentó como respuesta a una serie de incidentes violentos que ocurrieron en liceos de la capital, y aseguraron que se trata de de una respuesta rápida “sin la reflexión e integridad suficiente, y enfocada en lo comunicacional”.
“Nos parece que el proyecto es insuficiente y que se centra más en los síntomas y no en las causas más profundas. Entonces creemos que si queremos tomar en serio el tema, necesitamos una legislación que dé una respuesta más integral al problema”, afirma Nicole Cisternas, directora del área de Política Educativa de Educación 2020.
Se refiere al proyecto “Aula Segura”, que fue anunciado el jueves pasado por el presidente Sebastián Piñera, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y en la que aseguró que “no permitiremos que un pequeño grupo de violentistas y delincuentes frenen la educación de calidad”.
La iniciativa se trata de dos modificaciones a la Ley de Inclusión y la Ley de Subvenciones, que dan la facultad a los directores de establecimientos públicos para expulsar o cancelar la matrícula en un plazo de 5 días a los estudiantes responsables, acortando el procedimiento que actualmente dura al menos 25 días hábiles, y que puede ser apelada en un plazo de 15. Además establece dos causales específicas, que corresponden al uso, posesión o almacenaje de armas o artefactos incendiarios, y agresiones físicas graves a profesores o actores de la comunidad escolar.
Fueron una serie de hechos ocurridos en las últimas semanas en distintos liceos de Santiago, como los profesores y docentes que fueron rociados con bencina por alumnos del Instituto Nacional, o los carabineros que resultaron heridos tras enfrentarse con encapuchados que les lanzaron bombas molotov en el Liceo de Aplicación, los que motivaron el anuncio.
Sin embargo, lejos de ser considerada como una solución, la iniciativa ha despertado una serie de críticas de parlamentarios, organizaciones sociales y expertos que lo han tildado como “simplista” y “segregador”. “No tiene lógica educativa, es una lógica punitiva, carcelaria, represiva, de sanción, de sacar la manzana podrida, y creo que incluso podría ser inconstitucional porque está pasando a llevar el derecho a la educación”, agrega Rodrigo Cornejo, director ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educacionales (Opech).
“Respuesta rápida enfocada en lo comunicacional”
Ambos expertos coinciden en condenar los hechos en cuestión, pero aseguran que la iniciativa se trata de una respuesta rápida “sin la reflexión e integridad suficiente, y enfocada en lo comunicacional”, debido a que solo se enfoca en una problemática que ocurre en un grupo reducido de liceos de Santiago –en contraste con los más de cinco mil colegios que existen en el país–, y además, no cita ningún estudio, evidencia científica o experiencia en otra parte del mundo que avale los beneficios para el alumno o la comunidad educativa.
“Expulsar al estudiante y mandarlo a otro colegio es una práctica de segregación, porque llevas el problema a otro contexto y sin asegurar que haya un proceso de reparación para nadie. Nos parece que con la mera separación no se reconfigura el clima escolar. Por ejemplo, al profesor que le rociaron bencina, ¿cuál es el apoyo psicosocial que está recibiendo? ¿Cómo está siendo apoyada esa escuela para reconstruir las confianzas y vínculos?”, agrega Nicole Cisternas.
Rodrigo Cornejo, en tanto, critica la redacción de las causales de expulsión, específicamente a la que castiga “el uso, posesión, tenencia o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento” debido a que deja espacios abiertos para la interpretación. “¿Y si un director considera que rayar el baño con spray es dañar al establecimiento? Se equipara que se agreda con a un adulto –lo que es gravísimo– con tener una lata de spray en la mochila”, afirma.
En la misma línea, tanto Cisternas como Cornejo reconocen que la violencia escolar es un fenómeno que ha ido en aumento durante los últimos años, aunque su forma de abordarla es divergente. Para la investigadora de Educación 2020, lo sucedido durante las últimas semanas forma parte de un fenómeno más amplio que también está conformado por los estudios y denuncias que demuestran el crecimiento de casos de bullying y ciberbullying.
El director de Opech, por su parte, afirma que lo sucedido “se veía venir dada la sensación de frustración que existe en los estudiantes secundarios”. “Años de movilizaciones por mejoras en la calidad y contra la mercantilización, y todos los sacrificios que ellos hicieron –pusieron el tema en el tapete, se mamaron apaleos, mojadas, y una represión no menor– terminaron con la educación pública peor que el 2006 y la privatización más grande y transversal”, señala.
Por lo mismo, agrega que el proyecto “no está pensado para mejorar la educación, sino que para criminalizar a un movimiento social”.
Puede agravar la deserción escolar
Una de las principales críticas apunta a que el texto no hace ninguna referencia al proceso de reubicación que van a a seguir los estudiantes expulsados. “Sólo se dice que el Mineduc se va a encargar de eso, pero no se explica cómo. ¿Quién va a recibir a un chico que se le hizo un sumario y fue expulsado en 5 días? ¿Qué investigación se hace en 5 días? Esa lógica de eficiencia empresarial la quieren llevar a un hecho social complejísimo, y creo que así quedan muchas dudas sobre las garantías ante el debido proceso”, continúa Cornejo.
También Cisternas concuerda con lo anterior y agrega: “Hoy en Chile no tenemos un catastro de escuelas que tengan equipos especializados y con gran diversidad de profesionales, entonces nos preocupa qué va a pasar con ese estudiante, especialmente sabiendo que en el país tenemos un 20% de jóvenes que no estudian ni trabajan, que es uno de los mayores porcentajes de la OCDE. Creemos que estas son medidas que agravan los temas asociados a la deserción escolar”.
Finalmente, ambos señalan que no existe evidencia que asegure que esta iniciativa pueda ser una ayuda o contribución para la convivencia dentro de las comunidades escolares y que, incluso, puede ser contraproducente. “Estas medidas son como apagar un incendio con bencina, agrandan las fracturas, y creer en estas soluciones de ‘endurecer la mano’ es un pensamiento fascistoide, es la misma lógica de Donald Trump”, cierra Cornejo.
Fuente: El Desconcierto
